El próximo Sábado 1 de Septiembre más de 150.000 inmigrantes que viven en España sin permiso de residencia ni de trabajo serán excluidos de la red pública sanitaria, con lo que, no podrán ser atendidos como hasta ahora, por los médicos de familia.
Como alternativa el Gobierno español se propone cobrar a los inmigrantes sin papeles más de 700 euros anualmente, y casi el doble a los mayores de 65 años, por tener acceso a la asistencia sanitaria en España. Sumas que son mayoritariamente inalcanzables para este colectivo que es el más vulnerable y desprotegido en el contexto de esta aguda crisis económica que castiga la Madre Patria.
Más que la búsqueda de potenciar la sostenibilidad del sistema sanitario, con el ahorro de unos supuestos 500 millones de euros, a nuestra modo de ver se trata de una medida de hostigamiento a los inmigrantes sin papeles para forzarles a que vuelvan a sus países de origen.
Esta claro que restringir el acceso a la tarjeta sanitaria y a los servicios sanitarios primarios, aparte de ser indignante e inhumano, no hará otra cosa que aumentar el gasto en los presupuestos de la sanidad publica, ya que estas personas acudirán a los servicios de urgencia y el efecto sin lugar a dudas, será una mayor saturación de estos servicios cuyo coste es mucho mayor que la cobertura en atención primaria.
Además de aumentar considerablemente el riesgo de la proliferación de enfermedades infecto-contagiosas.
Desde ONG Amo Dominicanaalzamos nuestra voz a favor de que seamos solidarios con nuestros hermanos inmigrantes que, por alguna razón u otra no hayan podido regularizar su estatus en España y a la vez, manifestamos nuestro absoluto rechazo a esta medida que socava derechos adquiridos y vulnera flagrantemente la universalidad de la sanidad, que consigna claramente “Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”.
Como alternativa el Gobierno español se propone cobrar a los inmigrantes sin papeles más de 700 euros anualmente, y casi el doble a los mayores de 65 años, por tener acceso a la asistencia sanitaria en España. Sumas que son mayoritariamente inalcanzables para este colectivo que es el más vulnerable y desprotegido en el contexto de esta aguda crisis económica que castiga la Madre Patria.
Más que la búsqueda de potenciar la sostenibilidad del sistema sanitario, con el ahorro de unos supuestos 500 millones de euros, a nuestra modo de ver se trata de una medida de hostigamiento a los inmigrantes sin papeles para forzarles a que vuelvan a sus países de origen.
Esta claro que restringir el acceso a la tarjeta sanitaria y a los servicios sanitarios primarios, aparte de ser indignante e inhumano, no hará otra cosa que aumentar el gasto en los presupuestos de la sanidad publica, ya que estas personas acudirán a los servicios de urgencia y el efecto sin lugar a dudas, será una mayor saturación de estos servicios cuyo coste es mucho mayor que la cobertura en atención primaria.
Además de aumentar considerablemente el riesgo de la proliferación de enfermedades infecto-contagiosas.
Desde ONG Amo Dominicanaalzamos nuestra voz a favor de que seamos solidarios con nuestros hermanos inmigrantes que, por alguna razón u otra no hayan podido regularizar su estatus en España y a la vez, manifestamos nuestro absoluto rechazo a esta medida que socava derechos adquiridos y vulnera flagrantemente la universalidad de la sanidad, que consigna claramente “Todas las personas tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud, en condiciones de igualdad, universalidad y calidad”.